La Agencia por los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) ha publicado su informe anual sobre Derechos Fundamentales 2021, de momento disponible solamente en inglés, en el que se hace eco todo lo relacionado con los derechos humanos en Europa durante 2020.
El informe recopila información sobre los 27 Estados miembros de la Unión Europea y también sobre la República de Serbia y la República de Macedonia del Norte.
El capítulo principal de este informe está dedicado al impacto sobre los derechos fundamentales que ha supuesto la pandemia de Covid-19 (en términos de salud, educación, empleo, justicia, etc.). En este capítulo se hace referencia a grupos específicos, entre ellos la población gitana, y cómo les ha afectado la crisis sociosanitaria. En concreto, se indica cómo muchas personas gitanas ya se encontraban en situación de vulnerabilidad previa y, no sólo han vivido un mayor riesgo de contagio sino también se han visto más afectados por las medidas de confinamiento, que, por ejemplo, han dejado en el desempleo y sin otros medios de subsistencia a muchas familias gitanas. Además, durante la pandemia, la población gitana ha sido objeto de discriminación, actitudes antigitanas y violación de sus derechos fundamentales.
Se pueden encontrar referencias a la población gitana en los capítulos dedicados a la igualdad, la discriminación y al racismo, o en el que versa sobre los derechos de la infancia, pero el grueso de la información relativa a los derechos fundamentales de las personas gitanas europeas durante 2020 se encuentra en el capítulo 5 del informe, en el que se repasan los principales desarrollos de los Estados miembros durante el pasado marco estratégico, finalizado en 2020. A nivel general se concluye que, a pesar de las diferencias que se aprecian entre los diferentes Estados miembros, en los últimos 10 años el progreso en la inclusión de las personas gitanas ha sido limitado. Aunque el marco contribuyó a establecer los instrumentos y estructuras para promover la inclusión de la población gitana, no se ha alcanzado el objetivo de “poner fin a la exclusión de las personas gitanas”. Sólo se han realizado pequeños progresos en la educación y la reducción de la pobreza, pero no hay avances (y en algunos casos incluso hay un retroceso) en empleo, vivienda y salud.
En este capítulo, el informe dedica secciones específicas a la lucha contra el antigitanismo y la discriminación, la educación, la vivienda y la salud.
En la cuestión del antigitanismo, el informe muestra preocupación por la permanencia de esta forma de racismo, citando resultados de la encuesta de 2019 de la FRA, en la que, por ejemplo, se evidenciaba que casi la mitad de la población europea indicaba que sentiría incomodidad si tuviera vecindad con personas gitanas.
En diversos estudios realizados en Europa se encuentra aún altos niveles de intolerancia hacia la población gitana. También se dan numerosos casos de discriminación y acoso por parte de las autoridades, produciéndose desconfianza por parte de las personas gitanas hacia la policía y el sistema judicial. El informe hace especial hincapié en cómo durante la pandemia de Covid-19 en múltiples ocasiones se ha señalado a la población gitana como chivo expiatorio, especialmente durante la primera ola.
En la cuestión educativa el informe incide en la preocupante situación de la segregación educativa de la población gitana, apostando por la necesidad de más medidas para favorecer la inclusión educativa y señalando el riesgo evidente que supone la brecha digital para la infancia gitana.
Se destaca el papel de la mediación educativa por parte de profesionales gitanos para facilitar la comunicación entre los centros educativos y las familias.
Las condiciones precarias de las viviendas de muchas personas gitanas siguen siendo un motivo de preocupación. Esta situación se ha visto empeorada por los confinamientos durante la pandemia, los desalojos y las pocas ayudas disponibles.
Las medidas que se han tomado para mejorar las condiciones de salud de las personas gitanas se han centrado en dar respuestas urgentes, sin aportar en la mayoría de los casos soluciones a largo plazo. Las condiciones de vida adversas y las limitaciones en el acceso a los servicios de salud suponen un serio problema que llega a traducirse, según la encuesta de la FRA de 2019, en una reducción de 10 años en la esperanza de vida de las personas gitanas, en comparación con la población general.
Como aspecto positivo se menciona la movilización de profesionales de la mediación en el ámbito de la salud, apoyando en el reparto de medicamentos, en la puesta en cuarentena de personas, en la evaluación y seguimiento de las medidas de higiene y de distancia social e incluso en el apoyo psicológico a las familias.
El informe contiene un apartado específico que trata el nuevo Marco Estratégico para la Igualdad, la Inclusión y la Participación de la Población Gitana, y que repasa algunas de las lecciones incorporadas a esta nueva estrategia (la inclusión de la lucha contra el antigitanismo, la consulta y cooperación con la sociedad civil gitana, la promoción de la participación activa de la población gitana o el refuerzo de los puntos nacionales de contacto, entre otras). Este análisis hace especial hincapié en el establecimiento de indicadores cuantificables vinculados a los objetivos establecidos, así como a la recomendación de reforzar la recogida de datos y el seguimiento de las estrategias. La falta persistente de datos desagregados sobre personas de origen gitano supone un reto para progreso de la evaluación, dificultando la identificación de los efectos de la inversión.
Por último, en este capítulo, el informe aporta una serie de opiniones de la FRA sobre estas cuestiones y el papel de los Estados miembros al diseñar las estrategias nacionales a raíz del Marco Estratégico 2020-2030 para la igualdad, la inclusión y la participación de la población gitana:
- Las medidas contra el antigitanismo deben integrarse en todas las estrategias nacionales sobre población gitana, y deben incluir medidas específicas (target). Estas medidas deben diseñarse junto con representantes de la población gitana, así como fomentar narrativas positivas sobre las personas gitanas y sensibilizar sobre su historia de discriminación, segregación y persecución.
- Deben desarrollarse medidas coordinadas para asegurar el acceso a herramientas de aprendizaje a distancia a todos los niños y niñas. Todas las medidas educativas deben incluir acciones específicas (target) ajustadas a las necesidades de las personas gitanas. Debe potenciarse la contratación, formación y desarrollo de profesionales de la mediación y profesorado de origen gitano. Las medidas deben ser sostenibles y asegurar la financiación con fondos europeos.
- Se debe dar prioridad a la implementación del nuevo marco para la igualdad, la inclusión y la participación de la población gitana. Los planes nacionales deben ser ambiciosos y contar con sistemas eficaces de seguimiento, que midan las medidas generales (mainstream) y específicas (target), así como el uso eficaz de fondos europeos y nacionales. Las estrategias nacionales deben hacer referencia específica a la participación significativa de las personas gitanas.
En relación con el uso de fondos, el informe enfatiza la necesidad de hacer un uso eficaz de los fondos disponibles, europeos y nacionales, invirtiendo en medidas específicas (targeted) para la población gitana.
Para más información:
- Informe sobre Derechos Fundamentales FRA 2021 (en inglés).
